La salvaje agresión a un guarda forestal, producida hace unos días en Oza-Cesuras, pone de manifiesto el estado de indefensión en el que se mueve este colectivo, ante la impunidad de quienes hacen de la infracción de la ley una divertida afición para pasar el rato.
La regulación legal de la guardería ambiental no permite que los agentes tengan una competencia operativa suficiente y necesaria para evitar IN SITU las agresiones ambientales que detectan. ARCO IRIS ha denunciado desde hace años esta carencia legal, que deja inermes a los agentes a la hora de responder con contundencia y respaldo legal a los infractores y presuntos delincuentes que, por desgracia, campan a sus anchas.
El triste episodio de Oza- Cesuras hubiera sido más difícil en Cataluña o el País Vasco, cuyas policías autonómicas tienen la suerte de contar con unas competencias de las que Galicia carece.
El resultado, por desgracia, está a la vista.
La triste realidad es que un agente ambiental no puede retener a un incendiario ni paralizar una tala ilegal, porque está obligado a llamar al Seprona o a la cojitránquica Policía Autonómica (una Unidad Adscrita, como las de Aragón o Andalucía). Hasta Canarias tiene una Policía Autonómica superior a la de Galicia. Por tanto,la guarderia ambiental carece de operatividad porque Galicia carece de unas competencias policiales a la altura del Estatuto. Es una cuestión de calidad.
ARCO IRIS espera y desea que la Xunta de Galicia aborde de una vez por todas la dotación competencial que permita a los agentes forestales disponer de una capacidad operativa más ágil y eficaz que se traduzca en soluciones y no en problemas. Por otra parte, ARCO IRIS insta a la Xunta a personarse en la causa contra el agresor de Oza-Cesuras, para que quede claro que se está por la defensa radical de un colectivo ya demasiado castigado y que precisa apoyo y respaldo decididos.