La Fiscalía de La Coruña también ha abierto diligencias para esclarecer el gasto de dinero público en un acto partidista celebrado en noviembre del año pasado por los autodenominados «alcaldes del cambio», militantes o afines a las confluencias autonómicas de Podemos. Como ha publicado ABC, la Fiscalía de Valencia ya investiga al alcalde, Joan Ribó, quien cargó a las arcas municipales los 7.200 euros que costó desplazar a Galicia a cinco concejales y varios funcionarios y asesores políticos, hasta un total de 12 personas.

El Ministerio Público coruñés ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia presentada contra el alcalde de La Coruña, Xulio Ferreiro (anfitrión del encuentro), por la asociación pesquera Pladesemapesga, que pone en duda el uso de dinero municipal para agasajar a los alcaldes «del cambio» que asistieron al encuentro. Además de mesas de trabajo en las que solo participaron alcaldes y concejales populistas, el encuentro consistió en una manifestación contra la islamofobia (justo tras los atentados de París) y un mitin de Íñigo Errejón en el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Coruña que, según Ferreiro, pagó La Marea Atlántica.

Al encuentro, celebrado el último fin de semana de noviembre, a escasos días del inicio de la campaña electoral de las generales, acudieron, además de Ferreiro y Ribó, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la portavoz del gobierno de Madrid, Rita Maestre, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, o el de Cádiz, José María González «Kichi». El propio Ferreiro admitió en un comunicado que el acto tenía un carácter partidista, y que por eso el gasto en atenciones protocolarias lo pagó La Marea y no el Consistorio. Colau, sin ir más lejos, cargó el viaje a las cuentas de su partido, Barcelona En Comú. No obstante, otros alcaldes como Ribó o Santisteve lo pasaron como gasto de representación a sus respectivos Consistorios.

En el caso de Ribó, fueron 7.200 euros por el desplazamiento, alojamiento y manutención de 12 personas: el alcalde (Compromís), la concejal de Cultura, Gloria Tello (Compromís), la concejal de Educación, María Oliver (Podemos), el concejal Roberto Jaramillo (Podemos), el concejal de Innovación Jordi Peris (Podemos), una asesora de Innovación, un asesor de Prensa, una asesora de Cultura, un funcionario de Protocolo, una funcionaria de Recursos Culturales, otra de Patrimonio, y un técnico de la fundación InnDea que dirige Podemos, contratado en enero –un mes después del viaje–.

Después de que la Fiscalía de Valencia admitiese a trámite la denuncia del PP y abriese diligencias de investigación, el alcalde de Valencia se comprometió a dimitir de su cargo si resulta imputado como consecuencia de dicha investigación. Un órdago que varias voces en su partido, y sobre todo en el PSPV -con quien Compromís gobierna en coalición tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación y el Consell-, consideran una temeridad.