En los últimos 12 meses 1.054 prisioneros políticos verificados han formado parte de la lista de Prisoners Defenders en Cuba. Con 137 se inició febrero de 2021.

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Desde entonces hasta final de enero de 2022 se han sumado, además de éstos 137, otros 917 prisioneros políticos nuevos a lo largo de estos 12 meses, siendo 932 los prisioneros políticos en Cuba condenados, y verificados por Prisoners Defenders, en estos momentos. 

Reconocemos que esto nos es más que una fracción, entre el 50% y el 60% de las cifras reales, cuya verificación total es simplemente inalcanzable por organización alguna salvo, por supuesto, por el régimen de la isla.

De entre los 932, hemos conseguido documentar 794 prisioneros políticos del 11J, además de las decenas de ellos liberados con unas multas -de cuantías exacerbadas para Cuba- en los últimos meses. Sorprende leer la nota de prensa emitida por Cuba, donde indica menos casos (“790 personas instruidas de cargo por actos vandálicos”) que los nombres que hacemos públicos las ONGs.

La Fiscalía, una entidad jurídica y técnica en cualquier país democrático y cuya hipotético buen desempeño se basa en la precisión, ha emitido un comunicado político, repleto de faltas de precisión y términos ambiguos, en el intento de tratar de limitar lo ilimitable. Así, la frase que contiene el informe dice que hubo “117 expedientes de fase preparatoria correspondientes a los hechos de mayor connotación, con 790 personas instruidas de cargo”.

¿Por qué sólo da las cifras de los hechos de “mayor connotación”? ¿Es un comunicado de la Fiscalía o del Partido? ¿Qué es la “connotación” para la Fiscalía? Tampoco hablan de los menores de 16 años detenidos y encausados, y este vacío de información, la propia Fiscalía lo confirma, es precisamente por su “connotación”.

Prisoners Defenders ha sostenido desde el inicio de esta razzia que más de 5,000 personas fueron detenidas y más de 1.500 procesadas. Además de nuestras fuentes y estudios, los datos, los hechos y la Fiscalía misma contribuyen a hacer cada vez más palpable esta aseveración.

El régimen por lo pronto reconoce que ha procesado 115 acusados que “tienen entre 16 y 20 años de edad”, y que “55 se encuentran entre 16 y 18 años de edad”. El gobierno cubano viola de manera flagrante la Convención de los Derechos del Niño, firmada y ratificada por Cuba, la cual define en su artículo 1 que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”.

Prisoners Defenders, de entre los 1.500 y 2.000 casos de medidas de limitación de libertad bajo autos de procesamiento fiscal o sentencias aplicados a los manifestantes detenidos a millares desde el 11j ha podido constatar una lista de 932 casos de prisioneros políticos en este mes de enero pasado.

De éstos 932 casos:

• Al menos 794 casos analizados pertenecen a la represión derivada del 11j en Cuba, cifra que es, repetimos, una fracción inferior al 60% frente al total generado por la ola represiva, pues resulta del todo imposible conocer los casos entre la población.
• Son, al menos, 32 los niños (28) y niñas (4) procesados presentes en nuestra lista: de 13 años, uno; de 15 años, tres; de 16 años, nueve; y de 17 años de edad, veintiuno; según la edad documentada en la detención.
• El 50% al menos, 16 niños y niñas, han sido acusados de Sedición. Y entre ellos hay niños con impedimentos y retrasos mentales incompatibles con la violencia y mucho menos sedición.
• En total, 166 prisioneros políticos verificados han sido procesados con el cargo de Sedición.
• Al menos 511 prisioneros ya han sido sentenciados, y 194 de ellos con penas de más de 10 años, el 38%
• Al menos 120 mujeres son prisioneras políticas del régimen de Cuba.

Cuba está haciendo añicos su firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, encarcelando y destrozando a la juventud, llevando el terror a las familias de todo el país y causando - de forma salvaje - un dolor irreparable en todos los encarcelados y en sus familias y allegados.

Reconocemos en Prisoners Defenders, durante el mes de enero de 2022, a 932 prisioneros políticos (ver lista), pero además reconocemos, como cada mes, los otros 11.000 civiles jóvenes no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, mediante condenas “pre-delictivas”, es decir, sin delito alguno cometido (como indica textualmente el Código Penal en su artículo 76.1 para estas 11 mil condenas), al contemplar el Código Penal que serían personas proclives a cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código Penal). Así, les imponen penas de 1 a 4 años de prisión sin delito investigado ni cometido, como hacía Francisco Franco con los homosexuales y la “Ley de vagos y maleantes”, legislada en la República de Manuel Azaña en el año 33, pero también profusamente aprovechada por el régimen franquista posteriormente.