La "operación ENREDADERA" se acerca peligrosamente a Feijóo al aparecer más de 6 millones de euros pendientes de cobro gestionados por su hombre de confianza en Ourense

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido que no son elegibles para ningún cargo público los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, a penas de inhabilitación o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.

La Sala estima el recurso de casación del Cabildo Insular de Fuerteventura que acordó la incompatibilidad de Domingo González Arroyo para el cargo de Consejero del Cabildo de Fuerteventura al haber sido condenado por un juzgado de lo Penal de Puerto Rosario por prevaricación continuada a 9 años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal y cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implicase una participación en el Gobierno municipal durante 9 años. El Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canarias anuló la resolución administrativa al entender que la inhabilitación solo afectaba al ámbito municipal.

El Tribunal Supremo anula la sentencia recurrida y afirma que, de acuerdo con la legislación y la jurisprudencia constitucional, es “certera” la interpretación que hizo el Cabildo, por lo que la declaración de incompatibilidad del recurrente para el cargo de Consejero del Cabildo de Fuerteventura no vulnera el derecho a participar en los asuntos públicos, recogido en el artículo 23 de la Constitución.

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También considera que la cuestión de interés casacional planteada se proyecta más allá del archipiélago canario, motivo por lo que examina la cuestión desde un plano general. La Sala se plantea si la causa de inelegibilidad e incompatibilidad establecida en el artículo 6.2 b) en relación con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) debe ser entendida en el sentido de que afecta a los condenados por los delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya impuesto la pena de inhabilitación especial o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.

La Sala destaca, en línea con la doctrina del Tribunal Constitucional, la ejemplaridad social exigible a quien ejerce la función pública, máxime si es representante de los ciudadanos. En este sentido, indica que “lo dicho por el Tribunal Constitucional no es cuestión novedosa en nuestro marco jurídico europeo y su herencia cultural. Si bien los regímenes de los Estados Miembros de la Unión Europea sobre inelegibilidad reflejan tradiciones jurídicas distintas suelen coincidir en que una condena penal inhabilita para ocupar un cargo público. Incluso, en algún Estado haber incurrido en quiebra o ser indigno de ocupar un cargo público por otro motivo también es causa de inelegibilidad. En Dinamarca, una persona no puede ser elegible si ha sido condenada por realizar actos que según la opinión general la hagan indigna de pertenecer al Parlamento Europeo o al Folketing, Parlamento danés”

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29 ene. 2019 - Este grupo fue desarticulado tras la 'Operación Enredadera' llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la ...

eldiario.es - Operación Enredadera

https://www.eldiario.es/temas/operacion_enredadera/

Podemos pide que la comisión donde un consejero de Castilla y León explicará sus tratos con Ulibarri no la presida un imputado · Laura Cornejo - 30/08/2018.

El tribunal considera que el artículo 6.2 de la LOREG en su última reforma tiene “un sentido omnicomprensivo no limitativo en lo que concierne al art. 23.2 CE en aras a una mayor protección de las instituciones públicas haciendo emerger una orientación más cercenadora respecto a condenados a la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público”.

La Sala en esta sentencia, con ponencia de la magistrada Celsa Picó Lorenzo, subraya que “la sociedad contemporánea reclama que empleos y cargos públicos de base representativa no puedan ser ocupados por sujetos que hubieren sido objeto de inhabilitación especial tras una condena penal independientemente del ámbito de la Administración Pública en que hubiera tenido lugar la comisión del delito”.

La empresa Bilbomática esta borrando todo rastro de GALICIA y sus actividades en las redes sociales, algo que no pudo hacer con Xornal Galicia, que guarda copia peritada de su existencia y pone en exclusiva al servicio de sus lectores.

El Negocio para los amigos de Feijóo era la totalidad de las multas del "Importe: 35,01 % sobre o importe da sanción efectivamente recadada" ver publicación descargable de la Diputación de Ourense" .

El Ayuntamiento de Verín (Ourense) adjudicó en noviembre de 2014, cuando a su frente estaba el también senador popular Juan Manuel Jiménez Morán, hombre de confianza de Feijóo en Ourense, un contrato para la gestión de varios radares a la Unión Temporal de Empresas Bilbomática / Veicar Verín, la primera de ellas matriz entonces de Aplicaciones Gespol, investigada en la operación Enredadera contra una presunta trama de amaño de contratos de gestión de multas, radares y semáforos en toda España. La segunda firma, Veicar, es la concesionaria de varios parques de bomberos privatizados en toda Galicia, entre ellos el de Verín. El contrato de los radares fue paralizado por el sucesor de Jiménez Morán, el socialista Gerardo Seoane, que el pasado marzo, como avanzó La Región, recibió una demanda en la que la UTE reclama al Ayuntamiento 850.000 euros por gastos y lucro cesante. La adjudicación en Verin se hizo con un gobierno en funciones según el Boletín de la Diputación de Ourense. Asdo.: O alcalde en funcións. Enrique Díaz García....+

La demanda, a la que ha tenido acceso este diario, señala que la empresa esperaba gestionar en cuatro años multas por 18 millones de euros (de los que ella ingresaría 6,3 millones), lo que supondría un promedio de 12.000 euros de sanciones cada día en un municipio de sólo 14.000 habitantes. Ahora el Ayuntamiento contraataca y anuncia que se personará como acusación particular en el caso Enredadera.

El contrato para la colocación de dos radares en cuatro posibles emplazamientos en travesías de acceso a Verín y la gestión de sus multas fue gestionado durante el último mandato de Jiménez Morán, alcalde de Verín de 1995 a 2004 y de 2011 a 2015, y senador por designación autonómica desde 2011. El popular fue también el hombre de confianza al que Feijóo encomendó, sin éxito, intentar arrebatar en 2010 el control del PP de Ourense a los Baltar. Y en 2012 otorgó una licencia ilegal a una compañera de partido, entonces directora general de Turismo de la Xunta, Carmen Pardo, para edificar un chalé en suelo rústico.

Tras la adjudicación del contrato en noviembre de 2014, un recurso de la otra empresa que había competido por el concurso público demoró la ejecución del mismo. Después de las elecciones municipales de 2015, el gobierno local fue asumido por PSdeG y BNG, con el socialista Gerardo Seoane al frente, que consideró que el contrato era perjudicial para las arcas municipales y decidió bloquear su ejecución. Tras varias negociaciones infructuosas con la adjudicataria, esta presentó el pasado marzo una demanda contra el Ayuntamiento en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense en la que expone sus reclamaciones económicas y las expectativas de negocio que tenía con el contrato.

Según la demanda de la empresa, que se ampara en un informe pericial, “la cantidad a percibir por las sanciones tramitadas y efectivamente cobradas por el Ayuntamiento ascendería a 18.034.042 euros en los cuatro años objeto del contrato, de lo que resultaría el 35,01% que constituiría el pago a la adjudicataria una cantidad de 6.313.844,14 euros”. En esa cifra se basa la empresa para reclamar un 10%, 631.000 euros, como “beneficio dejado de obtener”, así como otros 225.000 euros por “costes ya asumidos”, lo que suma una petición de indemnización al Ayuntamiento de unos 850.000 euros. Por otra parte, esos 18 millones en multas gestionadas durante 4 años supondrían la imposición de un promedio de 12.000 euros en multas cada día durante ese período en un municipio de 14.000 habitantes. Como comparación, los presupuestos municipales totales del Ayuntamiento de Verín vienen rondando en los últimos años los 10 millones de euros.https://www.facebook.com/Bilbomatica/posts/10152158589867617

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El actual regidor, el socialista Gerardo Seoane, considera que esas cifras son reveladoras del “negocio” contrario a los intereses económicos del Ayuntamiento y de la ciudadanía de Verín que pretendía crear su antecesor, el popular Jiménez Morán. Y, a manera de contraataque contra la demanda formulada por la adjudicataria contra el Ayuntamiento, este miércoles el Ayuntamiento anunció que se personará como acusación particular en el caso Enredadera y que “ponen a disposición de la Fiscalía toda la documentación relativa al contrato adjudicado por este Ayuntamiento a la empresa Bilbomática para la colocación de radares en el término municipal, investigada a nivel nacional en la llamada Operación Enredadera”.

Referencia:
https://www.eldiario.es/galicia/politica/esperaba-ingresar-confianza-Feijoo-Ourense_0_789171899.html

La adjudicación en Verin se hizo con un gobierno en funciones según el Boletín de la Diputación de Ourense

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=270&fecha=20141124

n.º 270 · luns, 24 novembro 2014 
Adxudicación do contrato de servizo para a subministración, instalación e mantemento de elementos para o control da seguridade
viaria no Concello de Verín, (foto vermella, control de accesos e radar de velocidade) a UTE Veicar, SL, e Bilbomática, SA ............... 8

verín
Anuncio de adxudicación
Por Resolución da Alcaldía en funcións do 12.11.2014 adxudicouse o contrato de servizo para a subministración, instalación e mantemento de elementos para o control da seguridade via-ria no Concello de Verín, (foto vermella, control de accesos e
radar de velocidade) a UTE Veicar, SL, e Bilbomática, SA.
Publícase isto para os efectos do artigo 154. 2 do Real decreto
lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei de contratos do sector público.
1. Entidade adxudicadora
a) Organismo: Concello de Verín.
b) Órgano competente: Alcaldía.
c) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
d) Número de expediente: SEC 2014/26.
2. Obxecto do contrato
a) Descrición do obxecto: subministración, instalación e mantemento
de elementos para o control da seguridade viaria no
Concello de Verín (foto vermella, control de accesos e radar de
velocidade).
3. Tramitación, procedemento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto, con varios criterios de adxudicación,
en atención á oferta economicamente máis vantaxosa.
4. Adxudicación
a) Data: 12.11.2014.
b) Contratista: UTE Veicar, SL, e Bilbomática, SA.
c) Nacionalidade: española.
d) Importe: 35,01 % sobre o importe da sanción efectivamente
recadada.
Verín, 12 de novembro de 2014. O alcalde en funcións.
Asdo.: Enrique Díaz García.

LA VOZ DE GALICIA - ADJUDICACIONES
Publicada el 04/11/2016

El AYUNTAMIENTO DE VERÍN anulará formalmente la adjudicación de los radares urbanos de control de velocidad decidida hace ahora casi dos años. La adjudicación preveía la colocación de cinco aparatos y estaciones de control que reportarían al Concello y a la empresa alrededor de 4.000 euros diarios por multas. Tras un largo proceso de negociación entre el Concello y la adjudicataria de ese servicio, la UTE VEICAR-BILBOMÁTICA, no se ha podido llegar a una solución de consenso que satisfaga a las dos partes. Las condiciones de la adjudicación fijaban que el Concello debería indemnizar a la empresa con un millón de euros en caso de incumplimiento del contrato.

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La trama "enredadera" con multitud de detenidos por toda España implica directamente a alcaldes del PPdeG como es el caso del exalcalde de O Grove Miguel Ángel Pérez "intimo amigo de Feijóo asiduos a fiestas en Ribadumia"..