"Unidos contra a corrupción para o desenvolvemento, a paz e a seguridade?

 Transparencia Internacional-España súmase á conmemoración do Día Internacional contra a Corrupción, unha iniciativa adoptada por Nacións Unidas a fin de combater un dos problemas máis importantes aos que se enfrontan os Estados e as Administracións Públicas, así como a Comunidade internacional no seu conxunto.
 
 Nun mundo no que o respecto aos dereitos humanos atópase en retroceso, aumenta a desigualdade económica e social, e onde os retos medioambientales son apremiantes, a integridad consolidouse como un principio de gobernanza baseado na rendición de contas, a participación cidadá, a transparencia activa e o dereito de acceso á información para reforzar de forma decisiva a legitimidad e a credibilidade dos Gobernos comprometidos coa defensa da democracia e a dignidade do ser humano.
 
 A corrupción non só supón unha merma dos recursos que precisan as políticas públicas e da credibilidade das institucións encargadas de desenvolvelas, senón que xera unha incapacidade persistente para pensar estratégicamente, destruíndo a seguridade xurídica, asfixiando a innovación creativa para o ben común e paralizando as enerxías morais da sociedade. É en contextos que xera a corrupción onde mellor prosperan os discursos políticos que só ofrecen como solución o racismo, a xenofobia e as actitudes excluíntes.

 A gravidade e a extensión dun fenómeno como a corrupción non significa que ningún país estea condenado a sufrila, nin que os Estados e a comunidade internacional sexan impotentes contra ela. Os Gobernos e a Administracións que asuman con determinación o compromiso de combatela teñen á súa disposición unha ampla experiencia de boas prácticas, na que poden inspirarse e á que deben contribuír.

 O compromiso do sector privado e dunha sociedade civil conscientes da súa responsabilidade resulta indispensable para contribuír de forma decisiva á prevención da corrupción e ás solucións.

 A Convención de Nacións Unidas contra a corrupción e o Obxectivo Desenvolvemento Sostenible 16 e as súas metas ofrecen pautas de actuación tanto para os Gobernos como para o sector privado para traballar de forma conxunta e sentar as bases de confianza e rendición de contas necesarias.

 Desde Transparencia Internacional-España, requirimos ao Goberno do noso país, así como aos Gobernos autonómicos e locais, para que, neste Día Internacional contra a Corrupción, reafirmen o seu compromiso coa transparencia adoptando estratexias globais anticorrupción e comprometendo fondos e vontade política para dotar aos órganos de control dos medios e a independencia imprescindible para realizar o seu labor.

 Desta forma podemos, todos unidos, facer realidade o lema da campaña deste ano 2018:"Unidos contra a corrupción para o desenvolvemento, a paz e a seguridade?.

 Madrid, 9 de decembro de 2018

panorama de una corrupción constituyente del DNA cultural hispano

España es hoy el hombre enfermo de Europa, sostienen destacadas cabeceras de la prensa continental, y aún no se ha hecho a la idea de la gravedad de sus achaques. A perro flaco, todo son pulgas... Diversas son las imágenes y las metáforas que permiten dibujar con vivos colores la resaca española, pero todos ellos tienen un denominador común: la crisis económica está dejando al desnudo muchos de los vicios y de las corruptelas de la España ensoberbecida por la burbuja inmobiliaria...

La crisis y la reiterada atención informativa a los más recientes asuntos de corrupción están teniendo efectos devastadores en la confianza de los ciudadanos con el sistema político español...

El caso Gürtel ha dado nombre propio al regreso de la corrupción al primer plano de la actualidad política...

La trama fue descubierta gracias a la denuncia del señor José Luis Peñas, ex concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), donde tuvo bajo su responsabilidad la siempre comprometida área de Urbanismo. Con gran valentía y una notable capacitación técnica para la grabación de conversaciones, Peñas presentó a finales del 2007 una muy documentada denuncia ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía. Peñas ha declarado que actuó movido por el sentido del deber tras haber constatado la envergadura y las ramificaciones de la trama de negocios urdida por Francisco Correa, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana principalmente. Peñas sostiene que ninguno de los altos dirigentes del PP puede hoy alegar ignorancia.

El caso Gürtel se ha convertido en el relato principal, pero hay más. En Baleares, la mayoría de Gobierno de centroizquierda depende del voto un ex diputado de Unió Mallorquina (hoy en el grupo mixto) que se halla en libertad bajo fianza. Y el PP balear ha sido diezmado por las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción.

En Andalucía hay, al menos, cien municipios bajo sospecha, unos gobernados por los socialistas, otros por los populares, siempre bajo la sombra de Marbella y de la vertiginosa operación Malaya.

Y Catalunya vive estos días la conmoción del caso Millet, un fenomenal drenaje de las cuentas del Palau de la Música, cuya gestión era considerada hasta hace dos días modelo de explotación del mecenazgo y de la concertación público privada. Todos los controles institucionales han sido humillados.

Informe Global sobre Corrupción 2009

Madrid: la Comunidad, en el centro de todos los huracanes

La Comunidad de Madrid está en el centro de varios procesos judiciales huracanados sobre casos de corrupción detectados en su territorio. Ya en el 2003 hubo que repetir las elecciones autonómicas, en medio de una gran polémica sobre la posible existencia de una trama inmobiliaria detrás de la decisión de dos diputados socialistas de rebelarse contra su partido y no votar la investidura del candidato del PSOE en la Asamblea. El PP, a su vez, salió reforzado de aquella crisis, tras haber defendido que dicha rebelión se debió a diferencias internas en las filas socialistas. Luego se han sucedido numerosas denuncias sobre las prácticas urbanísticas de diversos municipios madrileños, que ahora se han visto reforzadas con el caso Gürtel y la dimisión de consejeros, alcaldes y concejales populares. En todos los casos los hechos desencadenantes de las renuncias se deben a prácticas administrativas teledirigidas para encubrir intereses particulares. El sumario del caso Gürtel ofrece una documentación muy valiosa sobre las técnicas utilizadas para disfrazar de actividad legal todo tipo de decisiones y actos que en realidad servían para aumentar patrimonios particulares. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad - en la que antes se produjo otro escándalo por espionaje interno-,ha querido lanzar un mensaje de energía al provocar dimisiones conforme avanzaba la investigación judicial. / J. M. ª Brunet

Andalucía: un centenar de municipios bajo sospecha

En Andalucía casos de corrupción política ha habido en todos los ámbitos institucionales y en casi todos los partidos políticos. El que levantó la veda, a principios de los 90, fue el caso Juan Guerra, cuando su hermano Alfonso era vicepresidente del Gobierno. Desde entonces se han multiplicado los escándalos de corrupción política en los ayuntamientos y en la Junta de Andalucía. El más conocido es el del Ayuntamiento de Marbella, cuya corporación fue disuelta y en el que acabaron inculpados representantes del GIL, PSOE y PA.

Después de Marbella, el PSOE salió seriamente tocado del caso Astapa, en Estepona, donde acabaron en la cárcel el alcalde y varios ediles socialistas. Al PP, que salió ileso del escándalo marbellí, se vio metido de lleno en el caso Troya destapado en el ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) saldado con la imputación del alcalde Juan Martín y una veintena de personas. En la Línea de la Concepción (Cádiz), el alcalde Juan Carlos Juárez (PP) se vio obligado a dimitir la semana pasada tras ser inhabilitado para cargo público por un delito de prevaricación.

Los anteriores son algunos casos llamativos de un fenómeno que afecta a más de un centenar de ayuntamientos andaluces. El último escándalo político ha sido la subvención dada por la Junta de Andalucía a la empresa en la que trabaja la hija del entonces presidente Chaves. / V. Bejarano

Valencia: el caso Gürtel disimula otras corruptelas

El caso Gürtel ha salpicado a los principales líderes políticos de la Comunidad Valenciana, incluido el president Francisco Camps; al principal partido, el PP, y a la Generalitat Valenciana. Su onda expansiva, de imprevisibles consecuencias, ha logrado, incluso, hacer olvidar otros casos donde existen indicios racionales de presunta corrupción de otros políticos valencianos. Es el caso del presidente de la Diputación de Castellón, el popular Carlos Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración pública, entre estos el de falsedad de documento público y tráfico de influencias. Es tanta la magnitud de las sospechosas relaciones de ÁlvaroPérez, el Bigotes,y su empresa Orange Márket con el PP valenciano y con la Administración valenciana, que apenas se recuerda ya que la gestión de ayuntamientos como los de Orihuela o Torrevieja, ambos gobernados por el PP, ha sido auditada por el fiscal anticorrupción de Alicante. El caso Gürtel, que amenaza con destapar otras presuntas corruptelas en ayuntamientos valencianos como el de La Nucía, también ha sofocado las llamas de las muchas sospechas que se lanzaron contra el alcalde de Elx, el socialista Alejandro Soler, por un presunto mal uso de los fondos públicos en beneficio de una campaña electoral. La dimisión de un alto cargo del PP valenciano por la trama de Francisco Correa ha oscurecido estos casos. / Salvador Enguix

Galicia: Pablo Crespo, Carrumeiro y el tráfico de votos

El miércoles, en pleno escándalo por las relaciones de la red Gürtel con el PP gallego de Fraga, la Xunta del popular Núñez Feijóo realizó nuevas revelaciones sobre Carrumeiro, una empresa creada por cargos del BNG que recibió contratos de consejerías nacionalistas durante el gobierno bipartito de Pérez Touriño. El PP insinúa que es un ejemplo de financiación ilegal del BNG, cuyo líder, Guillerme Vázquez, sostiene que se trata de "tinta de calamar" lanzada para distraer la atención de las ramificaciones gallegas de la corrupción en el Partido Popular.

"El caso Gürtel nació en Galicia", afirma el líder del PSdeG-PSOE, Pachi Vázquez, en alusión a Pablo Crespo, número dos de la trama y secretario de organización del PP gallego entre 1996 y 1999. Según el sumario, Crespo reveló que el partido se financió ilegalmente, para lo que se remitió a la documentación que guardó en una caja de seguridad. "Son cosas de hace diez años", proclama

Feijóo, quien señala que los implicados, Crespo y su jefe en el partido, el ya fallecido Xosé Cuiña, no forman parte del PP.

En el PSOE gallego el principal caso pendiente es el de la agente electoral que en el 2007 recaudó votos de emigrantes en Argentina mientras estaba contratada por un sindicato agrario, a través de un programa europeo que gestionaba una consejería socialista. / A. Lugilde

Baleares: el voto clave de un diputado que está bajo fianza

Las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares relacionadas con la anterior legislatura están marcando la agenda política de la actual. El Partido Popular y Unió Mallorquina, socios de gobierno entre el 2003 y el 2007, aglutinan la mayor parte de los casos de presunta corrupción, un hecho que les ha obligado a cambiar a sus líderes sobre la marcha. La imputación del conseller de Turismo, Miquel Nadal (UM), en el caso Can Domenge, fue clave para que este abandonara la dirección del partido antes del pasado verano. Su actual presidente, Miquel Àngel Flaquer, también está imputado por el mismo caso. En el PP, los numerosos casos de presunta corrupción asociados a la legislatura de Jaume Matas (quien también está siendo investigado por los fiscales) han pasado factura a la cúpula del partido. Al poco de estallar el caso Palma Arena, Rosa Estarás, vicepresidenta de Matas entre el 2003 y el 2007, dimitió de su cargo si bien lo justificó por motivos de salud. El espectáculo de las detenciones a raíz de este caso copó las páginas de este verano. A nivel institucional, la corrupción también está enrareciendo la vida política. En el Parlament balear, el diputado Bartomeu Vicens, antes de UM, ahora del grupo mixto, evitó la cárcel tras pagar una fianza millonaria. Su voto es clave para dar mayoría a los socialistas en la cámara de representación. / Felip Palou

Catalunya: el caso Millet, entre mecenazgo y Administración

Hijo de un prohombre católico y catalanista, vinculado históricamente a la resistencia cultural antifranquista, Fèlix Millet i Tusell ha llevado la desazón a la sociedad catalana. El pasado 23 de julio, y a instancias de la Fiscalía, los Mossos d´Esquadra registraban la sede del Palau de la Música, del que Millet era gestor y cabeza visible, a la búsqueda de irregularidades. El origen del registro, la constatación de que la institución pagaba a músicos y orquestas con dinero negro, y la sospecha de que podían estar ante un delito malversación de fondos. El resultado de la investigación - parte de la cual ha sido admitida por el propio Millet a través de una "confesión"-apunta a la sustracción de al menos 10 millones de euros de las cuentas de la institución y a un sinfín de irregularidades que han salpicado a una fundación vinculada a CiU - la Ramon Trias Fargas-a la que Millet habría entregado 500.000 euros. Adicionalmente, había llegado a financiar con 72.000 euros a un "outsider" de la política local como Àngel Colom. La raíz de la desazón estriba en que el Palau ha recibido durante estos años importantes cantidades de dinero procedentes tanto de las administraciones públicas - Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona, Ministerio de Cultura-como de mecenas privados, algunos de los cuales se sentaban en los órganos de gobierno de la institución y observan con perplejidad lo ocurrido. / Redacción

11-X-09, red, lavanguardia