Introducción: un fenómeno preocupante que vulnera los derechos fundamentales y la LiBERTAD DE EXPRESIÓN bajo la permisividad del incumplimiento de la Directiva Europea por los juzgados.

El acoso judicial es un fenómeno alarmante que se ha vuelto cada vez más frecuente en diversos sistemas judiciales alrededor del mundo y con más frecuencia en Galicia desde la misma Xunta donde sus funcionarios del PP y sus afines, han logrado implantar un sistema de indemnizaciones por falsos derechos al honor. Se refiere a la práctica de perseguir, hostigar o intimidar a una persona mediante el uso indebido de los procesos legales y judiciales como es el caso de MIguel Delgado auspiciado desde la sombra por la asesora de Feijóo Mar Sánchez Sierra, ahora candidata también por el PP a en las listas electorales por Madrid buscando aforamiento y más impunidad.

Esta forma de acoso tiene consecuencias devastadoras para las víctimas, quienes ven vulnerados sus derechos fundamentales y se ven inmersas en un estado de estrés constante, intentos de homicidio, muerte inducida. En este artículo, analizaremos las características del acoso judicial que practican los que se autodenominan asi mismos "funcionarios honorables y con sobrados derechos de honor público para ejercer bajo la total oscuridad, censura y sombra de la Libertad de Expresión" una vez puestas las querellas y admitidas a trámite como particulares, sus efectos perjudiciales y la importancia de abordar este problema desde una perspectiva legal y social, que prevee la Directiva Europea, pero que a la contra se niega su aplicación para mantener el acoso judicial contra todo aquel que informe de asuntos públicos relacionados con el abuso de poder y la corrupción.

Desarrollo:

El acoso judicial se manifiesta de diversas formas, como demandas frívolas y repetitivas de calumnias e injurias, dilación injustificada de los procesos judiciales en confabulación con los juzgados, difamación o injurias a través de querellas penales infundadas con datos escogidos al efecto, entre otros. En muchos casos, estas acciones son llevadas a cabo con el objetivo de desgastar emocional, económica y psicológicamente a la víctima, con el fin de lograr su rendición o venganza personal y a sí poder continuar con el claro abuso institucional dejando claro ¿ quien manda en la corrupción ?.

Los efectos del acoso judicial son devastadores. Las víctimas experimentan altos niveles de estrés, ansiedad y depresión, afectando su bienestar emocional y físico, es lo que buscan y los juzgados jamás aceptarán informes, ni médicos, periciales o de cualquier otra acreditación para no frustrar el acoso judicial. Además, el acoso judicial puede tener repercusiones financieras significativas, ya que los gastos legales y la pérdida de tiempo en los procesos judiciales pueden ser abrumadores. También se produce un deterioro en la confianza hacia el sistema de justicia, generando un sentimiento de indefensión y desamparo en las víctimas, como es el caso del periodista Miguel Delgado que ya le IMPLANTARON el miedo y terror a los juzgados de Santiago, con interrogatorios dignos del GULAG RUSO; en los que se han evitado la grabación, no se le admite ningún tipo de prueba exculpatoria, se le niega el exceptio veritatis, y lo más grave es que las sentencias parecieran hechas por los querellantes con un corta y pega dodne todo los demas del proceso no importa, donde le procesan sin tener nada que ver con esa jurisdicción y se hace bajo amenazas en los pasillos del letrado cuyo negocio de idenmnizaciones tiene allí montado con advertencias en los pasillos "escribe, escribe que en Santiago te vamos empitonar" .

Las webs falsas y sus dominios a nombre de la Federación de Karate del querellante son duendes informatícos, lo del periodista son calumnias e injurias para los juzgados de Santiago, que la Fiscalía se niega a presentar escrito de acusación y pida el archivo es igual, el proceso llegará hasta el final dando así veracidad a las amenzas del abogado querellante...REAL COMO LA VIDA MISMA. O diligencias JUDICILAES en las que se especifica " NO DAR PARTE AL MINISTERIO FISCAL", COMO SE ENTIENDE SI SON Y SE JACTAN ELLOS MISMOS DE FUNCIONARIOS DE LA XUNTA Y DEL PP.

Es fundamental abordar el acoso judicial desde una perspectiva legal y social, sobre todo, exigir a los juzgados, jueces y fiscales ejerceR y aplicar la Directiva de Alertadores de Corrupción, en este momento España bajo expediente de sanción por la Unión Europea por su inaplicación..

En primer lugar, es necesario aplicar las sobradas legislaciones que protejan de manera efectiva a las víctimas de este tipo de acoso o en su caso procesar judicialmente a quien se evada de aplicar su protección. Las leyes deben establecer sanciones claras y proporcionales para quienes perpetren este tipo de conductas, a fin de disuadir su práctica y garantizar la justicia.

Además, es esencial promover la conciencia y la educación sobre el acoso judicial en los mismos tribunales y juzgados donde se practica e inicia la persecución judicial. Es fundamental que la sociedad en su conjunto reconozca este problema como una violación de los derechos fundamentales y se comprometa a combatirlo apoyando a todos los que denuncia el acoso judical. Esto implica la sensibilización de la opinión pública, la formación de profesionales del derecho en la detección y prevención del acoso judicial, y la promoción de mecanismos de apoyo y asistencia a las víctimas.

Conclusión:

El acoso judicial es una realidad preocupante que vulnera los derechos fundamentales de las personas y que requiere una atención urgente en los tribunales de Justicia en la Jurisdicción de Santiago de Compostela donde por ser la centralidad de la Xunta de Galicia y la Función Pública se genera la mayor parte de la impunidad en el acoso judicial.

Es responsabilidad de los sistemas judiciales y de la sociedad en su conjunto tomar medidas efectivas para prevenir y combatir este fenómeno. La aplicación de legislaciones adecuadas, la concienciación y educación sobre el acoso judicial, así como el apoyo a las víctimas, son elementos clave para erradicar esta forma de violencia y promover la justicia y el respeto a los derechos humanos. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos construir una sociedad en la que el acoso judicial sea cosa del pasado en los tribunales de Santiago de Compostela donde las denuncias sobre el acoso caen en saco muerto siempre se solventan a favor del acosador.

Ana López-Suevos: «Estamos deixando impunes delitos sexuais dos que temos coñecemento».  En todos los medios de comunicación....ver más.+

TAMBIÉN HAY ACOSO JUDICIAL Y TIENEN O DEBEN TENER LOS MISMOS DERECHOS QUE LOS ACOSADOS/AS SEXUALMENTE, NO PUEDE HABER VICTIMAS DE PRIMERA Y VICTIMAS DE SEGUNDA Y DE POSTRE ACOSADOS JUDICIALMENTE.

Que es Acoso judicial, cuando hay sobrados indicios de persecución..? por que denuncia acoso judicial el periodista Miguel Delgado.

El acoso judicial, persecución política mediante la instrumentalización de la justicia o judicialización de la política, (también en inglés lawfare) es un término que puede tener un doble significado, pero en ambos casos se relaciona con el uso de sistemas e instituciones legales para lograr un objetivo.

El término es un acrónimo de las palabras ley y guerra.

Quizás el primer uso del término "lawfare" fue en el manuscrito de 1975 Whither Goeth the Law, que argumenta que el sistema legal occidental se ha vuelto demasiado polémico y utilitario en comparación con el sistema oriental más humanitario y basado en normas.

Un uso del término citado con más frecuencia fue el ensayo de 2001 de Charles J. Dunlap, Jr. escrito para el Centro Carr de Harvard. En ese ensayo, Dunlap define la guerra legal como "el uso de la ley como arma de guerra". Más tarde amplió la definición, explicando que la guerra legal era "la explotación de incidentes reales, percibidos o incluso orquestados de violaciones de la ley de guerra que se emplean como un medio no convencional de confrontar" a un poder militar superior.

El Lawfare Project argumenta que el lawfare es exclusivamente negativo y lo define como "el abuso de las leyes y los sistemas judiciales occidentales para lograr fines militares o políticos estratégicos". Desde esta perspectiva, el lawfare consiste en "la manipulación negativa de las leyes internacionales y nacionales de derechos humanos para lograr propósitos diferentes o contrarios a aquellos para los que fueron promulgadas originalmente". En un discurso de 2010 sobre el tema, la directora del proyecto Lawfare, Brooke Goldstein, afirmó que el lawfare es "el abuso de la ley y de nuestros sistemas judiciales para socavar los mismos principios que defienden: el estado de derecho, la santidad de la vida humana inocente y la derecho a la libertad de expresión".